LA CARTA CONTRA EL HAMBRE
JEAN ZIEGLER, CARLOS PEREDA, MIGUEL ÁNGEL DE PRADA, BENJAMÍN FORCANO, JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ PARADA, XABIER PIKAZA, NURIA ROSADO, FERNANDO GONZÁLEZ (GONZO), MARGARITA SÁENZ, ROSA MORO, IGNACIO DUQUE y EVARISTO VILLAR, evaristo.villar@gmail.com
MADRID.
ECLESALIA, 10/07/15 .- Por más que se la quiera ocultar
como palabra maldita, prohibida en el lenguaje políticamente correcto, el
hambre es una incómoda realidad que nos interpela cada día. Junto a la guerra,
la peste y vecina de la muerte, el hambre vuelve a cabalgar con todo su poder
destructor, como los cuatro jinetes del Apocalipsis, sobre los azarosos
comienzos del siglo xxi.
Y no es fácil librarse de esta plaga. Porque, entre
otras poderosas razones, en una sociedad secularizada como la nuestra, ya no
disponemos del fácil concurso de una veleidosa y vengativa divinidad que
descarga toda su ira sobre la perversión y egoísmo de los humanos. Las causas
reales del hambre, hoy como ayer, se encuentran más a ras de tierra. Y la
solución también: es cuestión de repartir con justicia y solidaridad.
Pero, bien miradas las cosas, lo cierto es que,
mientras sigamos asistiendo impasibles a la muerte de la democracia en aras de
un sistema del capital injusto y despiadado, estaremos asumiendo el
empobrecimiento de millones de personas, y, como consecuencia, el hambre.
Contra la sorpresa y posterior silenciamiento de la
FAO –no hablamos del mal llamado Tercer Mundo– el hambre ya ha rebasado los
poderosos muros de la UE. Madrid, Atenas y Lisboa se han convertido hoy día en
capitales de la pobreza en Europa. Y España, según el último informe de
Eurostat, es, después de Letonia, el país con mayor desigualdad en el reparto
de la renta.
Y lo que resulta más preocupante de una sociedad, que
se considera desarrollada y moderna, es que ésta se permita desentenderse
institucionalmente del grito de esta injusticia y que vuelque todo el peso de
la responsabilidad sobre la espalda de instituciones privadas, filantrópicas
y/o religiosas. Desde Éxodo denunciamos esta práctica irresponsable
porque consideramos que no es justo ni razonable reservar al voluntariado y a
la caridad lo que se debe hacer por derecho.
No deja de ser significativo, a este propósito, que
una de las primeras urgencias a que han tenido que atender las nuevas
administraciones locales, surgidas del 24 M en España, haya sido, junto a la paralización
de los desahucios, la atención a los comedores escolares y al reparto de
alimentos en los barrios precarizados. Solo en la Comunidad de Madrid,
según la última Encuesta de Condiciones de Vida, se cuentan más
de 330.000 personas bajo el umbral de la pobreza severa.
La Carta contra el Hambre,
en cuya gestación y difusión ha estado implicada esta revista desde el
principio (ver páginas interiores) ha cosechado no solo el apoyo de múltiples
instituciones privadas de ámbito local y estatal, sino que ha conseguido
también el compromiso por escrito de la práctica totalidad de los nuevos
administradores locales en orden a erradicar esta lacra que a toda la sociedad
nos humilla. Desde la Plataforma de la Carta contra el
Hambre vamos a seguir vigilando para que estos compromisos
escritos empiecen a ser, desde ya, una realidad.
CARTA CONTRA EL HAMBRE
La palabra hambre
está prohibida en el lenguaje políticamente correcto, en la creencia de que
evitando la palabra se oculta la realidad; una situación de pobreza que lleva a
las familias a la penuria extrema de tener que depender de la caridad, cuando
falla la justicia. Y cuando la realidad estalla a la cara de los políticos con
mando en plaza, ésta se minimiza como una situación puntual que ya está
suficientemente atendida por las organizaciones de caridad.
Madrid, junto con
Atenas y Lisboa, son las capitales de la pobreza en Europa. La voz de alarma ya
está dada, la sociedad está demostrando que es sensible ante el problema, pero
las instituciones callan. Hoy los comedores sociales madrileños están desbordados,
a la vez que se vacían los comedores escolares; el reparto de alimentos está a
la orden del día, pero no consiguen ofrecer una respuesta adecuada, ni en
cobertura a todos los que lo necesitan, ni en regularidad del abastecimiento,
ni en cantidad y calidad suficiente, ni en dignidad para los afectados. No hay
más que visitar los centros parroquiales a lo largo y ancho de la ciudad y de
la Comunidad Autónoma donde se agolpan semanal o mensualmente hombres y sobre
todo mujeres con una bolsa para llevar algo a casa. Su vergüenza es una
vergüenza colectiva, un castigo más al proceso de empobrecimiento causado por
la crisis en primer lugar, pero agravado por la ausencia de mecanismos de
justicia distributiva. Una crisis que no es producto de ningún mandato divino,
ni es inevitable, sino que tiene su origen en la imposición de unas políticas
concretas que han hecho de los recortes públicos, el sacrificio de las clases
medias y la pérdida de derechos sociales y ciudadanos, su modus vivendi.
La red municipal de Servicios
Sociales de Atención Social Primaria, se ha visto desbordada ante el aumento en
la demanda de las ayudas para cobertura de Especial Necesidad -reguladas en la
Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid- así como de la solicitud
masiva de la Renta Mínima de Inserción. Ambas constituyen la única cobertura
pública, que se ha mostrado insuficiente e ineficaz ante el endurecimiento de
los requisitos de acceso, demoras en los tiempos de gestión y respuesta para la
ciudadanía.
De no variar la situación
actual, lo que no va a ocurrir mientras sigan aumentando el desempleo y se
sigan perdiendo las prestaciones, el reparto de alimentos se hace crónico, como
saben y reconocen los principales actores del reparto: Banco de Alimentos,
Cáritas, Cruz Roja y Despensas Solidarias.
La sociedad está
respondiendo solidariamente, son cientos los voluntarios que atienden los
comedores sociales y centros de reparto. Son miles los madrileños que atienden
las llamadas a la solidaridad entregando su kilo de comida a las organizaciones
filantrópicas o a las demandas de activistas que, sensibles al problema,
recogen alimentos en sus barrios. Esta solidaridad vital, espontánea, no debe
servir de excusa para no abordar el tema central, ni mucho menos para
acostumbrar a la administración a la privatización de la ayuda, con el
consiguiente debilitamiento de la red de servicios sociales públicos.
El derecho a la alimentación
Pues lo que está en
juego es el derecho a la alimentación, un derecho avalado por tratados
internacionales firmados por este gobierno, entre cuyas obligaciones se cita: “Cumplir el derecho a la
alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces, por
razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a la alimentación
adecuada por los medios a su alcance.”* Un derecho que es sobre todo
un derecho humano, que se garantiza mediante el derecho a los servicios
sociales públicos, al mismo nivel que el derecho a la educación, a la sanidad,
a la vivienda o al empleo. Un derecho que, como han señalado organizaciones y
movimientos globales, se garantiza con la estrategia de soberanía alimentaria,
que centra su atención en la producción para las necesidades y no para el
máximo beneficio.
El poder político ha
abjurado, una vez más, de sus obligaciones en el contrato social con los
ciudadanos. Deja de ser garante de derechos sociales poniéndose al servicio de
las grandes corporaciones, incumpliendo tratados internacionales, y traspasando
su responsabilidad a la caridad privada; utilizando los fondos públicos
europeos para la compra de alimentos a favor de las grandes corporaciones
agroalimentarias, en detrimento de los pequeños productores, y prefiriendo que
sea la industria agroalimentaria la que asuma la gran donación de alimentos,
según sus intereses comerciales y sus desgravaciones fiscales. De esta manera
los supuestos benefactores son los primeros beneficiarios, y el palo en la
rueda del derecho a la alimentación.
Sólo el empleo y los
sueldos justos junto con la reivindicación de la renta básica –lo que supone un
cambio drástico en el sistema económico– eliminará la pobreza que obliga a
tantos y tantas a depender del reparto de alimentos. Pero ante la inexistencia
de voluntad política esto no va a ser así en demasiado tiempo; por ello se hace
imprescindible asumir la necesidad de distribuir alimentos, y esta misma
necesidad nos obliga a levantar la voz exigiendo que se tomen medidas que
siendo de muy bajo coste aliviarían mucho la situación de las familias y
alejarían definitivamente el riesgo de desnutrición infantil.
Programa mínimo
Reconociendo el
importante papel que hasta ahora han jugado las organizaciones filantrópicas
civiles o religiosas, y los activistas populares que trabajan en comités
locales solidarios, llamamos a todos los actores, como parte interesada, a la
defensa activa del derecho a la alimentación, evitando convertirse en
sustitutos del sector público. A la que vez que afirmamos que los Ayuntamiento
son las instituciones idóneas para organizar la distribución y el acceso de los
alimentos como un servicio público, acorde con el conjunto de sus propios
servicios asistenciales.
Por ello exigimos con carácter urgente:
- Dotación
presupuestaria suficiente por parte del poder público para la compra de
alimentos que la población empobrecida necesita, reforzando la cobertura de las
ayudas económicas temporales y de emergencia social recogidas en la Ley11/2003
de Servicios Sociales de la comunidad de Madrid.
- Reposición urgente
de las becas de comedor, cubriendo el 100% del coste para la familias en
situación de emergencia alimentaria, desde la Consejería de Educación.
-(Apertura de los
comedores escolares en el período vacacional, unido a actividades
extraescolares.) Garantizar servicio de comedor a menores en todos los centros escolares
que realicen actividades extraescolares en período vacacional.
- Exigir el
cumplimiento del plazo máximo legal de tres meses, en el reconocimiento del
derecho a la Renta Mínima de Inserción para todas las familias que cumplan los
requisitos.
A corto plazo:
Considerando que el
acceso a los alimentos –bien sea en especie o mediante un cheque alimento– es
un derecho básico de las personas necesitadas, defendemos:
- reconducir el
reparto hacia otras formas más ágiles y acordes con la necesaria defensa de la
dignidad de los afectados,
-y convertir los
centros de distribución en centros de organización social con la participación
de los afectados
Nuestro compromiso
Las organizaciones
firmantes de esta carta somos conscientes de que el problema del reparto de
alimentos se resuelve conjuntamente con otros derechos y en una economía que
busque el bien común y proteja a los más débiles.
Entendemos por tanto
que el compromiso solidario con los más necesitados debe tener trascendencia
política y convertirse en una reivindicación permanente. Una reivindicación que
tiene su soporte
· en
la desvinculación del pensamiento
paternalista y del asistencialismo,
· en
la resistencia a la manipulación
mercantil, a la permanente privatización de lo que son responsabilidades y servicios
públicos, y a la legitimación del negocio alimentario que prefiere hacer
donaciones que pagar impuestos
· y
en la solidaridad activa y práctica,
pues el hambre no espera.
Sostenemos que la
lucha por el acceso a los alimentos forma parte del conjunto de luchas
populares contra el empobrecimiento, contra los recortes, y por la emancipación
social, y nos comprometemos a :
· promover
colectivamente acciones en defensa del derecho a la alimentación
· presentar
mociones de apoyo en los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid
· convocar,
junto con las organizaciones que se adhieran, una campaña de difusión social
que partiendo del sentimiento popular de solidaridad lo convierta en conciencia
crítica y en herramienta de transformación social.
· Estudiar
la posibilidad y en su caso apoyar la presentación de una ILP en la Asamblea de
Madrid para hacer efectivo el derecho a la alimentación mediante el
reconocimiento de la Renta Básica Ciudadana.
* En el mes de diciembre de 2008 la 63ª
Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el protocolo voluntario para la
aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ratificado por el Gobierno de España en Agosto del 2013.
Organizaciones firmantes:
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Comisión
de Servicios Públicos A.P. 15 M de Carabanchel, Asociación Éxodo Para la
Transformación Social, Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad,
Foro de los Servicios Sociales, CECU Madrid, CGT, Asociación Mayores XXI,
Asociación UMER (Universidad de Mayores), Club de Debates Urbanos, CDU Madrid,
Red de Solidaridad Popular, Red de Huertos Urbanos Comunitarios, Redes
Cristianas, AMPA Juan Gris, Asociación de Vecinos Madrid Sur, Asociación de
Vecinos Lucero, Asociación de Vecinos PAU Vallecas, Evangelio, Justicia y
Derechos Sociales, HOAC, Asociación de Vecinos Cuatro Caminos, Asociación de
Vecinos Barrio Zofio, AFUVEVA, Asociación de Vecinos Valle Inclán-Prosperidad,
AMIVIFI, Asociación de Vecinos Orcasitas, Asociación de Vecinos Pradera Tercio
Terol, Asociación de Vecinos Las Cárcavas San Antonio, Plataforma vecinal San
Blas, Asociación de Vecinos Fleming Coslada, Asamblea de Tetuán del 15M,
Asamblea del Barrio del Pilar del 15M, Pan Para Todos, MCPP Movimiento Contra
el Paro y la Precariedad, ACSM Asambleas Ciudadanas Somos Más, Prosalus,
Movimiento ATD Cuarto Mundo, Asociación de Ateos y Librepensadores de Madrid, Europa
Laica.
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